AFP estatal

Andrés Sanfuentes

La ministra del Trabajo y Previsión Social anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre la creación de una AFP estatal, provocando escozor en las delicadas epidermis neoliberales, horrorizadas ante el eventual avance del estatismo en el campo empresarial, reservado a las iniciativas privadas. Sin embargo, es una propuesta menor, que no incide en los problemas más serios del campo previsional, los reducidos ingresos que recibe una parte de los jubilados, lo que contribuye a que se encuentren entre los más desfavorecidos del país.

El sistema previsional chileno es mixto, pues lo conforman los imponentes de las AFP como consecuencia de la reforma de 1981; los que permanecieron en el sector estatal y no se trasladaron a las nuevas entidades y el mundo aparte de la previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es una mezcla de capitalización individual y de reparto. La reforma de 1981 partió de supuestos que no se dieron en la práctica, ya que estaban alejados de la realidad, o porque Chile tuvo cambios muy profundos, que no fueron previstos. Entre las “fallas del mercado” no previstas o ignoradas, está la lejanía entre los aportes a la AFP y la recepción de una pensión, que hace que el trabajador no esté suficientemente informado ni tenga conocimiento de su futuro, a diferencia de lo que le ocurre con las isapres en que la relación es permanente. Además, la complejidad de los aspectos financieros lo lleva a la despreocupación y la ignorancia. Como resultado, el imponente no reacciona como estaba previsto a cambios en el “precio” que le cobra la AFP por su servicio; en términos técnicos la demanda es “inelástica”, lo cual hace que este mercado sea escasamente competitivo. ¿Qué porcentaje de los imponentes examina y reacciona ante los precios, en este caso las comisiones que les carga su administradora? Además, para corregir otras anomalías se han establecido “barreras al traslado” entre las distintas administradoras, que también afectan a la competencia.

El mercado laboral ha tenido cambios significativos desde comienzos de los ochenta, cuando se iniciaron las AFP. Se suponía que los trabajadores efectuarían imposiciones durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, las lagunas previsionales han sido una realidad que explica en parte el bajo nivel de las pensiones. La evolución hacia una creciente movilidad laboral en el tiempo y la proliferación de empleos de corta duración agudizan los períodos carentes de imposiciones.

Otro factor que ha incidido en las bajas pensiones es la presencia de una gran masa de microempresarios y trabajadores independientes, no considerados en el diseño original del sistema, a lo cual se suman los acuerdos entre trabajadores y empresarios para eludir las cotizaciones obligatorias y los delitos de evasión en que incurren los últimos.

Como consecuencia, las AFP requieren de reformas, ya que la competencia es escasa y los niveles de las pensiones están lejos de las expectativas que se crearon.

Varias reformas se han planteado. Las más directas proponen subir la tasa de cotizaciones desde el 10% actual a un porcentaje más elevado y elevar la edad mínima de jubilación desde los 60 y 65 años actuales, con el objeto de aumentar el monto de los aportes y reducir el período de la jubilación (iniciativas muy poco simpáticas). Adicionalmente adoptar una serie de medidas que disminuyan las lagunas previsionales.

Para complementar lo anterior sería necesario un cuantioso aporte estatal para elevar el monto de las pensiones asistenciales de las personas de más bajo ingreso.

También se ha agregado separar las actividades de las actuales AFP, entre sus funciones de administradoras de fondos de aquellas de carácter más operativo como es la captación de los imponentes.

El otro tema es la escasa competencia, en que es necesario continuar con la política de licitar los nuevos contingentes de imponentes, que ha permitido incorporar un nuevo agente y reducir algo las comisiones.

En estimular la competencia no solo está la creación de una AFP estatal, sino facilitar la incorporación de otras entidades financieras a la administración de los fondos, que tendrían giro único. En ese sentido el BancoEstado tiene todas las ventajas para crear una filial no solo competitiva sino beneficiosa para numerosos imponentes, aunque padezcan los ideólogos del antiestatismo.